Políticas de accesibilidad y las sillas salvaescaleras

¿Cómo de importantes son las sillas salvaescaleras como herramienta de movilidad en nuestra sociedad actual? Esta pregunta, en realidad, es retórica; porque cualquier persona con movilidad reducida, y en general toda la gente familiarizada hasta cierto punto con las políticas y leyes actuales de accesibilidad, o en general con suficiente empatía para comprenderlas, sabe perfectamente que las áreas urbanas, en particular, y también todos los hogares o edificios públicos y de viviendas, en particular, deben adaptarse para que la gente que usa silla de ruedas o bastón a diario no tengan problemas en desarrollar su vida cotidiana a diario y sin inconveniencias de ningún tipo. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es lógica y la única posible: las sillas en cuestión son fundamentales.

Por supuesto, lo son siempre en relación con otros recursos de movilidad igualmente fundamentales. En todos los mencionados edificios de pisos, por ejemplo, debería haber una, sobre todo si no hay ascensores o si lo hay, pero el mismo no cubre por ejemplo la distancia entre el primer piso y el bajo o los sótanos de garajes, en caso de haberlos. Esto no significa, sin embargo, que no haya que invertir también en dichos ascensores, asegurándose siempre de que sus medidas interiores de anchura, altura y fondo son estándar y vienen ya preparadas para albergar sillas de ruedas cómodamente. De igual modo, las salvaescaleras se complementan, en todos los casos, con las rampas, que deben ser también de obligada colocación en escalones más cortos.

En el caso de los edificios públicos, existen, por extensión, los baños públicos; y bien sabemos que, en la actualidad, es incluso extraño y anacrónico no ver baños especialmente adaptados para personas con discapacidad, es decir, amplios y con barras para sujetarse. Si las salvaescaleras en Madrid, o en cualquier otra ciudad o zona urbanizada son imprescindibles para la movilidad vertical entre pisos, las barras lo son para llevar a cabo otro tipo de necesidades que requieren de cierto esfuerzo físico. En definitiva, las políticas de accesibilidad son el marco legal que garantiza la presencia de todas estas herramientas, que ayudan a los colectivos que las necesitan.