Las sillas salvaescaleras y la responsabilidad legal

En nuestro país, los derechos de las personas con discapacidad cuentan con una legislación propia; pero además, encontramos siempre capítulos, epígrafes o artículos específicos para este amplio y heterogéneo colectivo en prácticamente todas las leyes y reales decretos sociales del estado y de las comunidades autónomas. Esto demuestra hasta qué punto es fundamental que estas personas cuenten con políticas de protección en una sociedad que, por desgracia, sigue funcionando sobre las bases del capacitismo. Es decir, muchos servicios sociales han sido creados sin considerar el elemento de ayuda específica a personas con discapacidad.

Lo que sucede en concreto con las personas con discapacidad motriz y las sillas salvaescaleras es un triste ejemplo de ello. Si pensamos en esta cuestión, seguramente seamos incapaces de recordar en qué edificios, públicos o privados, hemos visto la presencia de una salvaescaleras. Puede que, con suerte, recordemos uno, tal vez dos. Ascensores hay muchos y sabemos que es también un elemento fundamental para que estas personas puedan llevar a cabo un desplazamiento vertical sin encontrarse con un obstáculo insalvable. No obstante, deberíamos ser conscientes de que resulta insuficiente, sobre todo con la limitación de uso aplicada por efecto de la pandemia del COVID-19.

La realidad es que hacen falta muchas más políticas públicas para personas con discapacidad. Leyes y medidas concretas que se redacten con la participación directa de la gente que pertenece a cada colectivo. Así, en lo que respecta a la movilidad reducida, serán los y las afectados/as quienes puedan establecer lo que realmente necesitan para vivir una vida plena e independiente sin que el capacitismo institucional y social les impida conseguirlo.

No cabe duda, por lo tanto, de que considerar la compra de este tipo de sillas tan fundamentales, así como investigar los precios de salvaescaleras y establecer presupuestos realistas y sólidos para comprarlas e instalarlas, es un primer paso fundamental. Eso, además, en todo el tejido provincial del país, lo que supone elaborar estadísticas de presencia de personas con movilidad reducida en todas las comunidades autónomas. En definitiva, es una responsabilidad de las administraciones públicas y locales, y del Gobierno estatal.