Las sillas salvaescaleras como recurso de movilidad

Si buscamos a fondo en internet pautas, normativas y legislación nacional e internacional sobre accesibilidad, encontraremos mucha, toda ella dispuesta o clasificada en función del tipo de discapacidad. Ya de por sí, en nuestro país queda claramente recogido que el colectivo de personas con disminuciones cognitivas, físicas o sensoriales tiene una serie de derechos sociales derivados de su situación personal; y no podemos desoír la Constitución, que es donde se recoge esa base fundamental así como así. En otras palabras, todos los servicios, organismos y entidades públicos o privados de España tienen la obligación de disponer pautas e instalar las herramientas y los recursos necesarios para que estas personas no tengan que sufrir, además de las limitaciones por la pandemia de la COVID-19, otras más permanentes.

¿Cómo? La respuesta a esta pregunta depende de la discapacidad de la que hablemos. Si nos centramos en la movilidad reducida, las sillas salvaescaleras, las rampas de acceso, los ascensores diseñados desde su planificación con las medidas estándar adaptadas a una silla de ruedas o las barras de apoyo, son algunos de los recursos de ayuda social más evidentes. De hecho, todos ellos son ya relativamente comunes, y sin duda ya no nos sorprende verlos, especialmente en edificios públicos. Eso sí, es en las viviendas privadas, sean edificios o espacios individuales de dos o más plantas, donde las salvaescaleras explotan su uso de la mejor forma posible. Esto se debe a que, por norma general, los espacios más públicos suelen disponer de os mencionados ascensores.

El debate, no obstante, sigue abierto. ¿Deberían invertir los edificios de la administración pública, las bibliotecas o los centros comerciales en esta herramienta, buscando previamente, por supuesto, los precios de salvaescaleras actualmente existentes en el mercado? No cabe duda de que mientras más alternativas tengan las personas en silla de ruedas, mejor, y puede que estas sillas mecánicas no estén todavía tan bien valoradas como deberían estarlo. En cualquier caso, tal vez un primer paso esencial sea que cada provincia, cada ciudad, intente asegurar, en la medida de lo posible, al menos una de ellas en los edificios de viviendas. Es el mínimo aceptable.